Ars longa, vita brevis

Dura lex, pauperibus

27 de March de 2011

(Si no recuerdo mal mis clases de latín, el título de este artículo quiere decir «La ley es dura —para los pobres».)

El debate sobre los idiomas que se hablan en España (que son bastantes más que castellano, gallego, vascuence y catalán) es tan largo y tan cargado de diversas cuestiones, que no puede ser objeto de un solo artículo, o, al menos, no lo será de este. Está compuesto de situaciones injustas de antaño (discriminación de las lenguas no comunes a todos), discriminaciones de ahora (la imposibilidad de trabajar para lo público por, de facto, no haber nacido en una comunidad autónoma concreta), políticas partidistas y demagogas, y da para demasiado. Quizás en otra serie de artículos.

Hoy hablaré de leyes, tomando como partida una anécdota lingüística. El otro día, en el Congreso de los diputados, varios parlamentarios en el uso de la palabra utilizaron lenguas distintas del castellano en sus discursos. Yo no tengo nada a favor ni en contra de ninguna lengua, así que la cosa no va por ahí. Tampoco voy a hablar, aunque tengo mi opinión, sobre si me parecería bien que se permitiese hablar en el Congreso una lengua distinta del castellano. Voy a hablar del respeto a las leyes.

Porque, al parecer, en el Parlamento solo se permite, cuando uno tiene el uso de la palabra, el castellano. Esto puede parecernos bien o mal, pero, de momento, respetando la legislación, es así. Y así se lo recordó a sus señorías el presidente de la cámara, José Bono, quien, sin embargo, no condenó ni prohibió el asunto, «porque» —copio de la noticia— «no quiere ver mañana titulares “demagogos”».

Así que varios diputados y el presidente del Congreso incumplen, unos, y lo permite, el otro, una Ley aprobada por la mayoría del Parlamento. ¿Es esto viable si queremos seguir llamándonos una democracia?

Muchas veces he hablado en este blog sobre una característica peculiar de este país, que llama mucho la atención a quien viene de fuera: las leyes, en España, están para cumplirlas, siempre que me convenga hacerlo. Si yo, como individuo, considero que saltándome el semáforo voy a llegar antes a mi destino, lo haré, sin tener en cuenta consideraciones como el bien común. Así, tenemos un país en que conductas éticamente reprochables no están condenadas socialmente: políticos denunciados, y a veces condenados, por corrupción se presentan nuevamente a las elecciones, y el electorado les vota. Uno se da cuenta de que no le han cobrado una de las bebidas en el restaurante, y se calla: ninguno de sus amigos le reprueba (me pasó el otro día. Indiqué a la camarera que me habían cobrado una bebida de menos, y, después de mirarme fijamente durante medio minuto, incrédula, se deshizo en agradecimientos, ¡como si le hubiese hecho un favor en lugar de haber actuado honradamente!). Nos enteramos de que un amigo ha podido enchufar a algún familiar suyo para algún puesto público, pagado por todos, y, lejos de afearle su actuación, ¡lo felicitamos! Esto es España.

Ya digo que este artículo no trata sobre el derecho de que un parlamentario (o alguien cuyo derecho es mucho más importante: un ciudadano cualquiera) se exprese en su lengua materna o propia donde le venga en gana. No va de esto. Va sobre quién hace las leyes y quién las debe respetar.

Las leyes las hacen los representantes públicos, y el poder judicial debe hacerlas cumplir. En una democracia, solo hay una cosa que puede y debe garantizar que todos los ciudadanos somos iguales: que todos tengamos el mismo derecho a estar amparados por las leyes, y la misma obligación de cumplirlas. Es la única diferencia real con una dictadura, aparte del voto: en una dictadura, las leyes protegen a los que mandan, y obligan a los que obedecen. En una democracia tanto unos como otros deben estar obligados y protegidos.

Sin embargo, tenemos una cosa curiosísima aquí: políticos que, en sus comunidades autónomas, obligan al uso de la lengua respectiva en ciertas actividades privadas, como en Cataluña, donde, si abro un comercio, tengo la obligación de rotular en catalán, y, cuando alguien incumple esa norma, se le sanciona. Sin embargo, esos mismos políticos, en su propia circunstancia, se permiten el lujo de incumplir una ley a sabiendas, aposta, y no solo eso, sino que quien tiene que hacer cumplir esa norma se lo permite. ¿En aras de un bien mayor? ¿Es preferible incumplir una ley para evitar la demagogia periodística, o hacerla cumplir a pesar de las consecuencias? ¿Es que el Parlamento debe tener miedo a la prensa? La obligación del periodismo es criticar al poder, y la del poder es apechar con esas críticas.

También he dicho alguna vez en este blog que, si bien nunca existe el derecho a incumplir la ley, a veces existe la obligación de hacerlo. Puede parecer paradójico, pero en realidad no lo es. Si una ley es tan injusta que atenta contra derechos humanos, o contra la igualdad entre etnias o sexos; si una ley dice que en mi bar no pueden entrar los negros, mi obligación es incumplirla, y permitir que entren. Lo de que los diputados —que no los ciudadanos, ojo— puedan hablar en la lengua que les dé la gana en un lugar concreto, puede ser una aspiración legítima, pero no una consecución de ningún derecho fundamental, siempre que puedan expresarse perfectamente en la lengua común. Por lo tanto, no existe la obligación, ni por supuesto, el derecho de saltarse la norma lingüística del Congreso.

Pero aquí sucede lo de siempre. La ley es dura, pero es la ley. Pero a eso hay que añadirle un corolario: la ley es dura, pero es para los pobres. Los de arriba no tenemos por qué cumplirla. Nosotros, los políticos, hacemos leyes para que las cumpláis vosotros; el texto, a nosotros, no nos obliga. No les votes.

La imagen es obra de J. R. Mora.

4 comentarios en “Dura lex, pauperibus”

  • # Oriol Cruz dice:
    28 de March de 2011 a las 13:31

    Estoy de acuerdo con todo lo dicho, sin embargo, me gustaría precisar algo. Aunque la aplicación de la lengua propia en el Congreso de los diputados por parte de los parlamentarios no atente contra ningún derecho fundamental, almenos no directamente, creo que los ”culpables” hacen bien al promover su propia lengua. Quien no actúa correctamente es el encargado de sancionar esa acción.

    Y cual es el precepto que determina lo de la aplicación única del castellano? Supongo que tendrá una interpretación cerrada, pero si se le puede echar un vistazo, mejor que mejor.

  • # Elías dice:
    28 de March de 2011 a las 22:36

    Precisamente, Oriol, eso que tú dices es lo que creo que convierte nuestro país en una república bananera: los mismos que hacen y votan las leyes (los diputados) demuestran que no creen que cumplirlas sea necesario, si hay un bien particular (“promover su propia lengua”, que no es un bien general, ya que no se prohíbe el uso de las otras lenguas en la calle, sino solo en las sesiones del Parlamento). Mal ejemplo nos dan. Es como si un profesor tirase papeles al suelo delante de los alumnos. ¿Qué legitimidad moral tiene para pedir a ellos que no lo hagan? El respeto absoluto por la ley es la máxima garantía de igualdad, como defiendo en el artículo.

    Por otra parte, la norma concreta no sé cuál es, pero supongo que existe, según dijo Bono. Y si hay que cambiarla, que se cambie. Pero si existe, hay que cumplirla a rajatabla. En caso contrario, los desprotegidos somos los de siempre.

    Saludos.

  • # Jose Manuel dice:
    31 de March de 2011 a las 11:41

    No puedo estar más de acuerdo contigo. Vivimos en un país raro. El mismo país donde si enciendes un cigarrillo en un bar, la gente (y no uno, si no la gran mayoria) son capaces de llamar a la policia, pero si ven un robo en un local comercial, se desvia de su camino, y no hace nada por verlo.

    Vivimos en el país de las paradojas, alguien puede presumir en un bar de que trabaja y cobra el paro (un estafador en toda regla) eso si que no encienda un cigarrillo.

    ya lo decia el slogan. Spain is diferent

  • # larry dice:
    5 de April de 2011 a las 21:38

    Estoy en Cataluña por negocios y solo puedo decir que me siento extranjero.En el hotel que estoy alojado 4* No hay nada en español,ni siquiera las indicaciones de salida de emergencia¡¡
    El personal del hotel es extranjero y tampoco hablan castellano (menos mal que me defiendo en inglés).Todos los restaurantes y comercios estan todas las cartas en catalán,ruso,inglés,frances y hasta en chino pero de español nada de nada….
    Vas a cualquier organismo oficial de información y te hablan en catalán.Esto solo tiene un nombre Opresión al Castellano y no voy a entrar en debates morales sobre garantias de aplicación de una lengua u otra pero la praxis real es realmente muy muy defensiva en estos territorios.

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