Ars longa, vita brevis

Así, no

7 de November de 2010

Este artículo fue publicado en El Telegrama de Melilla el 7 de noviembre de 2010. Los lectores de La Lengua que no sean de aquí quizás no estén tan al tanto del tema del que hablo, aunque es seguro que recuerdan haber oído sobre los incidentes en algún medio de comunicación.

Así, no

Han pasado ya unos días desde los disturbios que se produjeron en la ciudad ocasionados, al parecer, por el desacuerdo de los manifestantes con la adjudicación de plazas de los famosos Planes de empleo, y seguro que los lectores de El Telegrama de Melilla han encontrado en sus páginas información suficiente para colmar su curiosidad.

En mi opinión, era inevitable que sucediera algo parecido a esto, más pronto que tarde. Cuando se ataca un problema estructural con medidas improvisadas y populistas, dicho problema no solo no se soluciona, sino que lo más probable es que empeore un poco cada día.

El problema estructural al que nos referimos es, por supuesto, el desempleo. Según la Encuesta de población activa del tercer trimestre de este año, disponible en la web del Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es), el porcentaje de ciudadanos desempleados en Melilla es del 23,37%, superada únicamente por cuatro autonomías, es decir, que estamos en el cuarto puesto empezando por la cola. La media nacional está en torno al 20%, mientras que la de la Unión Europea no llega al 10%

Los datos y cifras son términos objetivos, pero pueden ser víctimas de la subjetividad si no se analizan desde una perspectiva adecuada. Este 23,37% se corresponde aproximadamente con 6.800 personas que no encuentran trabajo, de un total de unas 29.000 personas en edad y disposición de trabajar (el hecho de que menos de la mitad de los melillenses sean población activa responde, esta vez, a una buena noticia: tenemos una de las mayores tasas de natalidad de la UE). A Melilla le resultaría relativamente fácil reducir drásticamente, con medidas como los dichosos planes, su tasa de paro: 1.500 personas constituyen el 5,15% de la población activa. Contratando a este número de personas, se reduciría el porcentaje hasta un 18,21%. Si Andalucía, por ejemplo, que padece un escalofriante 28,55% de población activa desocupada, quisiese reducir este porcentaje sólo hasta un 25%, supondría para esta comunidad aumentar su número de trabajadores en más de 140.000 personas. Se ve, por una parte, que nuestra autonomía no es la que peor padece la tortura capitalista del paro, y que además, numéricamente, no es la que peor lo tiene para solucionarlo; por otra, sin embargo, vemos que se presta a medidas a corto plazo que no arreglan nada pero que pueden —o eso piensan algunos— arrimar unos cuantos votos al ascua de su sardina.

Estos Planes de empleo, gestionados desde el Gobierno central, no han sido creados por el PSOE actualmente en el poder, sino por el PP en la época en que gobernaba. Fueron un error en un principio, pero los creadores quizá intuyeron que les podían aportar réditos electorales: por tanto, los que siguieron a unos en las responsabilidades de gobernar, no iban a enmendar el error, ya que contenían dos de las características más queridas por los políticos patrios. Una, que les podían dar votos en las elecciones locales; dos, que eran una chapuza que no solucionaba nada, y estamos en el país de la chapuza.

¿Pero es que estoy en contra de que se dé trabajo a mis paisanos? Dios me libre. Pero sí estoy en contra de que se destine alegremente el dinero de los impuestos a crear puestos de trabajo innecesarios, artificiales y precarios a cargo del Estado, pan para hoy y hambre para mañana que además crean en los beneficiarios o beneficiables expectativas a las que, por un lado, no tienen derecho —todo puesto a cargo del erario público debería concederse, a mi entender, tras una oposición o, al menos, bajo unos criterios objetivos que no tengan que ver con las necesidades concretas del individuo, ya que para ello ya están las pensiones y otras medidas sociales, y si no son suficientes, que se aumenten: para eso sí están los impuestos— y, por otro, no llegan a solucionar nada, ya que con un porcentaje tan alto de desempleo es imposible estar tirando de chapuzas baratas el tiempo suficiente como para que el problema desaparezca.

Los políticos de la ciudad y, en general, del Estado, han estado a la altura que todos esperábamos de ellos: se han limitado a acusarse de forma pueril de haber organizado esto o aquello, de haber enviado no sé qué mensaje de teléfono, de si es tu responsabilidad o la mía. En un ejemplo de libro de lo que no se debe hacer con unos vándalos, al parecer la Delegación del Gobierno ha accedido a reunirse con los manifestantes tras el destrozo de posesiones privadas y públicas, dando la razón a quienes no la tienen, y legitimando una forma de actuar que en este caso no está en absoluto justificada. Es tradición en esta ciudad —ciudad sin ley— afrontar, es un decir, las cosas de esta manera. Igual que en las decenas de viviendas ilegales que hay construidas en la ciudad, y que no hay arrestos para obligar a que cumplan la ley, en este caso se ha hecho lo mismo. No se obliga a la ciudadanía a cumplir con las leyes democráticas, y a que protesten, tengan razón o no, de forma pacífica, si sus reivindicaciones son legítimas. Se siguen poniendo parches encima de parches, reforzando la impresión de que en esta ciudad cada uno puede hacer lo que le plazca, siempre que el número y la violencia los avalen. La democracia está muy mal entendida aquí, ya que trata de números, pero no de violencia. Flaco favor han hecho al futuro de Melilla dándoles a entender que fastidiando al ciudadano pueden conseguir lo que quieran, y a decir de manifestantes de días posteriores, es lo que han logrado. Ahora, ya se sabe: cada vez que alguien no esté de acuerdo con una decisión administrativa, a quemar el coche de Fulano.

Es fácil criticar, difícil proponer soluciones inteligentes. Yo no las tengo. El problema no es baladí. Aunque no me dedico a la política, en una democracia todos somos políticos, y todos los ciudadanos tenemos la obligación de ayudar en las soluciones, como mínimo utilizando de forma inteligente el voto. Pero el problema estructural del paro en Melilla es posible que no puedan solucionarlo todos los gobiernos que pueda elegir nuestra pequeña ciudad. Nuestras peculiaridades consisten casi exclusivamente en debilidades —falta de territorio, frontera con un país que se mantiene en una permanente postura pasiva-agresiva, imposibilidad virtual de trabajar en otra localidad manteniendo el domicilio aquí, etc.— , y difícilmente podremos solucionar nuestros problemas nosotros solos. Pero estamos integrados en estructuras mayores: el Estado y la Unión Europea. Quizá es hora de que los políticos melillenses, pertenezcan a la administración local o a la nacional, comprendan que hay problemas en los que no solo pueden, sino que deben estar enfrentados, pero que hay otros en los que es necesario que se entiendan y emprendan acciones conjuntas y coordinadas. Y, si no lo hacen, ya sabemos lo que nos toca, melillenses: esperar a las siguientes adjudicaciones de los planes, y rezar para que nuestro coche no sea uno de los incendiados. In saecula saeculorum.

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