Una de las consecuencias más destacadas del racionalismo del siglo XVIII, que se extendió por todo el XIX y parte del veinte, con el impulso dado por la Revolución Francesa y las costosas luchas obreras de los proletarios del mil ochocientos, fue la mejora de las condiciones laborales de don Pelanas. El hombre fue poco a poco tomando conciencia de que un trabajo que te permitiera vivir dignamente, como persona, y no como un mulo cuyo horizonte acaba en las lindes del sembrado, era un derecho fundamental, y no una utopía irrealizable o reservada a los privilegiados de la sociedad. Muchas revoluciones, muchas protestas, muchas carreras delante de la policía y mucha sangre costó algo que las últimas generaciones han considerado tan fundamental como la jornada laboral de ocho horas (ocho para trabajar, ocho para descansar y ocho de libre disposición), el derecho a remuneración cuando se falta al trabajo por enfermedad, el derecho a la indemnización por despido, etc.
Los tiempos cambian, y creo que hoy, febrero de 2010, podemos decir que, aunque hemos aguantado un par de cientos de años, hemos perdido la batalla de la Revolución. Un Javier Martín firma un reportaje en El País en el que aboga por la mutilación de los derechos laborales de un sector del empleo en este país: el funcionariado. Podría sorprendernos que precisamente en ese periódico se proponga eliminar los derechos de los trabajadores, dado que El País siempre se ha considerado de izquierdas —en realidad, este periódico ha sido normalmente el vocero del Partido Socialista, pero como este se considera de izquierdas, para el caso es lo mismo—. A mí, desde luego, no me sorprende.
El reportaje tira de insinuaciones equívocas, como donde dice que España aumenta los funcionarios mientras el resto de la UE los va eliminando. No se dice, sin embargo, que nuestro país no está ni siquiera cerca de los puestos de cabeza en número de funcionarios por habitante, sino muy alejada (datos, no palabras). No se habla, tampoco, puesto que es un tema intocable en nuestro plurinacional Estado, de cuánto de ese funcionariado ha surgido de la costumbre autonómica de redoblar las administraciones ad infinitum, reservando, además, los puestos mejor remunerados para los amiguetes y correligionarios.
En realidad, el artículo es una muestra de lo más típico del carácter español: un español no quiere mejorar su condición; quiere que el vecino empeore la suya. Los trabajadores patrios no desean consolidar sus puestos de trabajo, ni acudir a su puesto sin tener la espada de Damocles del despido libre y gratuito sobre la cabeza, sino que el funcionario sienta también la espada colgando arriba.
Martín alude a la consabida idea de que el joven universitario español tiene sus miras puestas en aprobar unas oposiciones públicas, y no en desarrollar proyectos emprendedores. Y resulta que, en su opinión, lo que habría que hacer no es mejorar las condiciones y la seguridad laborales en el sector privado, sino empeorar aún más las del sector público. Ese es el país que quieren: no uno donde la estabilidad laboral se vaya extendiendo cada vez a un número mayor de trabajadores, sino precisamente lo contrario: que nadie se sienta seguro en su puesto de trabajo. Y eso se defiende desde las páginas de El País.
Vuelvo a menudo en este blog sobre la idea de que el gran triunfo de la dictadura del capital es la democracia. Millones de borregos que hacen lo que quiere el gran empresariado no porque tengan una bota en la cara, como ha sido tradicional, sino porque ellos mismos votan y viven para tener la boca metida en el barro sin necesidad de la bota. Y ahora hasta escribimos parrafadas en los periódicos pidiendo que nos hundan la cara más todavía. Hemos sido derrotados después de doscientos años. Queremos que los de arriba sigan manejando el cotarro. No tenemos remedio.
